Justicia cautelar e inteligencia artificial. La alternativa a los atávicos heurísticos judiciales

Simón Castellano, Pere

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Justicia cautelar e inteligencia artificial. La alternativa a los atávicos heurísticos judiciales

La administración de justicia será digital o no será.
La pandemia del covid-19 ha vuelto a poner de manifiesto los males y miserias que aquejan a nuestro sistema judicial, que debe superar cuanto antes el debate acerca de la conveniencia de abrazar el avance tecnológico.
La obra aborda en un ejercicio que compagina teoría y práctica, una cuestión de rabiosa actualidad y de necesidad indubitada como es la aplicación de los sistemas de IA para apoyar, en sentido afirmativo o negativo, la decisión judicial que adopta la prisión provisional, así como sus efectos para los derechos fundamentales en juego.
Con tal fin, la primera parte de la obra se centra en hacer un diagnóstico revelador, un zum, de lo general a lo particular, analizando con un lenguaje atrevido y un estilo directo, cercano en ocasiones al ensayo, el alcance de la revolución digital y sus efectos sobre la Administración de Justicia y el proceso.
La segunda parte del trabajo se centra en el análisis de los sistemas expertos de inteligencia artificial judicial de valoración de riesgos (IAJVR) como alternativa a los atávicos heurísticos o atajos intuitivos del juzgador, que hasta la fecha determinan la adopción de medidas cautelares limitativas de derechos, cuyo paradigma es sin lugar a duda la institución de la prisión provisional.
Es en este ámbito en el que contar con sistemas de IAJVR puede ayudar a conjurar y objetivar el riesgo real que se pretende enervar con la imposición de tan singular medida.
Por último, en la tercera parte el autor focaliza su atención en el empleo de los sistemas de IAJVR en el seno del proceso penal y la afectación que de ello puede derivarse sobre los derechos fundamentales en juego, tales como el derecho de defensa, el derecho al juez imparcial, la presunción de inocencia, la dignidad humana, el derecho a la intimidad, el derecho a la protección de datos o el principio de publicidad procesal, incluyendo propuestas de factis ferenda sobre quién y cómo debe controlar al