El Sistema Arbitral de Consumo ha conseguido consolidarse institucional y territorialmente a lo largo de las tres últimas décadas, fruto del esfuerzo colectivo de los operadores prácticos y los agentes sociales. Es un mecanismo que ofrece potencial para facilitar el acceso de los consumidores a la justica de manera gratuita, pero cuyo funcionamiento se limita a resolver las controversias suscitadas entre los consumidores que lo utilizan y las empresas que aceptan adherirse. Hace tiempo que, pese a las expectativas iniciales, se ha producido un preocupante estancamiento del sistema que se refleja, entre otras cosas, en el pobre indicador del 3,4 % de participación del sector empresarial.

En este trabajo se propone aprovechar las fortalezas del arbitraje de consumo con el propósito de alcanzar su universalización como sistema vinculante de heterocomposición extrajudicial de controversias (institucional, público y especializado) mediante la implementación del arbitraje obligatorio en los términos y condiciones que permitan su encaje en el sistema constitucional español y en el marco de la Unión Europea. Especialmente, en lo que se refiere al derecho a la tutela judicial efectiva de quienes deberán asumir el medido sacrificio de la obligatoriedad para garantizar un interés general prevalente: el equilibrio de las partes en los contratos no negociados con asimetría posicional (B2C). Cualquier otra opción implicaría abocar a la parte más débil en el contrato a una denegación de la jurisdicción.