Los Delitos de Pornografía Infantil conforman el llamado Derecho penal sexual, cuyas sucesivas reformas son síntoma del carácter controvertido y polémico de esta tipología delictiva, planteando complejas cuestiones tanto respecto a la forma en la que el Derecho penal debe intervenir, así como a los límites de su castigo. La alarma social ocasionada en los medios de comunicación por diversos episodios relativos a imágenes pornográficas, protagonizadas principalmente por niños o menores, ha suscitado un enconado debate a nivel político y social, que demandaba con urgencia una reforma del Código penal, cuya & x0201C;eficacia& x0201D; había sido puesta en tela de juicio por la opinión mayoritaria, sobre todo en lo relativo a la protección de las víctimas más desvalidas en el ámbito de la delincuencia sexual.
En un trazado histórico, merece subrayarse la LO 3/1989, que representó una revolución en el ámbito de los delitos sexuales, al abandonar la anacrónica rúbrica de & x0201C;Delitos contra la honestidad& x0201D; por la de & x0201C;Delitos contra la libertad sexual& x0201D;, considerando a esta última como bien jurídico digno de tutela penal. Posteriormente, la reforma por LO 11/1999 significó una ampliación del epígrafe Título VIII, tutelando junto a la libertad sexual, la indemnidad sexual, para los casos de atentados sexuales que afectasen a menores e incapaces. Asimismo, se trata un nuevo límite para la mayoría de edad sexual, elevándose desde los doce a los trece años, para los abusos y agresiones sexuales. En esta evolución legislativa, la LO 15//2003, comportó notablemente una mejora técnica, cubriendo algunos vacíos legales, a la par de un endurecimiento punitivo, extendiendo la tipicidad al delito de corrupción de menores. De otro lado, la redacción otorgada a los delitos de abusos sexuales con menores, a partir de la LO 5/2010, 22 de junio, supuso un giro político-criminal trascendente, rompiendo con la estructura técnica de las diversas infracciones sexuale