La Ley 2/2023, de 20 de febrero, de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, supone un nuevo reto para las organizaciones públicas y privadas en materia de compliance.
La nueva Ley supondrá un cambio de paradigma por cuanto, a la práctica, cualquier organización de 50 o más trabajadores se verá obligada a afrontar el cumplimiento normativo.
En efecto, la existencia de un régimen sancionador, la creación de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, la prohibición de represalias internas, la protección de la presunción de inocencia de la persona afectada, así como la escasa cultura en España de la delación, son algunas de las cuestiones que comportarán un vuelco en nuestro sistema jurídico, a la par que la necesaria solución de muchas lagunas y dudas interpretativas.
La Ley apela a la debida diligencia de los sujetos obligados, a la competencia de los responsables del sistema interno de información, pretendiendo por ello este libro dar respuesta práctica a algunas de las dudas o cuestiones fundamentales que se nos plantean a la hora de decidir cómo implantar estos sistemas internos en las organizaciones.