Este libro estudia el primer Gobierno del presidente Sánchez. Da cuenta de la anómala moción de censura y de la causa jurisprudencial detonante de su acceso al poder ejecutivo. Analiza cada uno de los cuarenta y tres Decretos-leyes convalidados por el Congreso de los Diputados y por la Diputación Permanente de este. Expone y contrasta los parámetros establecidos en el artículo 86 de la Constitución con cada una de estas Disposiciones legislativas provisionales. El resultado de estas transgresiones constitucionales es la banalización de la Carta Magna y la consiguiente barbarie jurídica institucionalizada por la mayoría de fuerzas parlamentaria contrarias a ella.

El diagnóstico patológico de este estudio jurídico-político examina cada uno de los tres sujetos principales de esta perversión constitucional: un Gobierno que con 84 Diputados carece de la mayoría legislativa suficiente para programar siquiera una acción gubernamental mínima. Una mayoría parlamentaria enfrentada a la Constitución de 1978 que se afana en su continua erosión y desprestigio. Y un Tribunal Constitucional carente de toda doctrina jurisprudencial sobre la práctica del decreto-ley, causada por su partidismo político cómplice con el partido político que ha catapultado a sus magistrados al más elevado cargo judicial del tercer poder del Estado de Derecho.

¿Hay democracia durante este periodo en España? la respuesta correcta solo puede emitirse cuando se han examinado las dos reglas de oro del Estado de Derecho: la primera de estas solo se encuentra cumplida cuando los derechos y libertades de los ciudadanos se encuentra garantizada en España, de modo especial en Cataluña, el País Vasco y Navarra, gobernados por fuerzas políticas separatistas y a la vez sostenedoras del Gobierno del Estado, prisionero de ellas para su continuidad en el poder. La segunda regla propia de la existencia del Estado de Derecho es la separación de los tres poderes y su correcto funcionamiento. La situación de esta etapa analizada evidencia que ninguno de sus representantes observa esta conducta debida. La historia de España solo es un enigma histórico para quienes carecen del rigor necesario para realizar el análisis objetivo obligado. El Estado con un poder ejecutivo que no presenta proyectos de ley al poder legislativo y la reducción de este a la convalidación de los decretos-leyes inconstitucionales remitidos por el Gobierno es un supuesto contrario al Estado de Derecho.