La protección de los datos de carácter personal constituye uno de los derechos de las personas que habitualmente más se vulnera en el ámbito digital, ya por desconocimiento de sus titulares que ponen a disposición de terceros sus datos personales, ya por la creciente mercantilización de los mismos por empresas que han visto negocio en su comercialización, pero también por ignorancia de quienes recaban datos innecesarios para la prestación del servicio, sin la legitimación o justificación adecuada, por no adoptar las medidas oportunas para su seguridad, etc.
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El 25 de mayo de 2018 entró en vigor en España el RGPD y el 5 de diciembre de ese mismo año se promulgó la LOPDyGDD que han tratado de aportar algo de luz a las innumerables incógnitas que se suscitan diariamente en la aplicación de la normativa de protección de datos.
Dudas que también se formulan, como es lógico, las fuerzas y cuerpos de seguridad en la aplicación diaria de las normas, en la protección eficaz de los derechos de los ciudadanos y, como es lógico, en el propio tratamiento de los datos de carácter personal que recaban en el ejercicio de sus funciones.
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En este contexto, se promulgaron por la UE en abril de 2016 dos directivas: la Directiva 2016/680, de 27 de abril, sobre la protección de las personas físicas en el tratamiento de datos personales por parte de las autoridades competentes para fines policiales aun pendiente de incorporación, y la Directiva 2016/681 sobre la utilización de datos del registro de nombres de pasajeros (PNR) para idénticos fines.
Dicha Directiva ha sido objeto de transposición en nuestro país a finales de 2020 y esta obra trata de facilitar su aplicación a las fuerzas policiales, existiendo al efecto un análisis detallado de los diferentes conceptos, las medidas de seguridad exigidas, así como numerosos supuestos prácticos con intención de soslayar las numerosas dudas que, sin duda, la nueva norma trae consigo.
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Al hilo de lo anterior también se trata de arroja