El Derecho Procesal de Consumo ha echado a andar; esta publicación se adentra de forma sistemática en sus bases conceptuales y en las singularidades que lo conforman como una rama específica dentro del Derecho Procesal. Sabido es que la UE viene prestando especial atención a la protección de los consumidores; a la Directiva 93/13/CEE (la madre de todas las directivas) han seguido otras y también reglamentos. Numerosas disposiciones con un denominador común: no es suficiente el reconocimiento de un repertorio de derechos a los consumidores por lo que resulta imprescindible el establecimiento de cauces adecuados para que estos puedan hacer valer los derechos reconocidos en la etapa anterior (LRAL).

Con todo y con eso, la auténtica revolución está viniendo de la mano del TJUE, verdadero artífice del tsunami que está afectando a elementos estructurales básicos del sistema procesal. Al TJUE se debe la construcción de un corpus jurisprudencial en el que ha otorgado categoría de verdadero principio de orden público a la defensa de las personas consumidoras, dada la íntima conexión con los objetivos de la Unión; esa protección ha ido superando el ámbito de las relaciones materiales de consumo, adentrándose sin reservas en el ámbito procesal.

La adaptación del Derecho Procesal interno a ese nuevo corpus no puede venir por la vía de la interpretación judicial; así fue de manera puntual y, por qué no decirlo, las consecuencias fueron muy desafortunadas, porque la seguridad jurídica se vio seriamente comprometida. La intervención del legislador era (seguirá siendo) absolutamente nece saria y, por ello, la LEC se ha ido parcheando al ritmo marcado por el TJUE (oficialidad, cosa juzgada, costas, recursos ).

Este Tratado de Derecho Procesal de Consumo confirma que la andadura ha comenzado. Aunque hay constancia de algunos hitos que se avistan próximos (acciones colectivas), se desconoce tanto el camino a seguir como el destino al que llegar, pero el viaje procesal puede ser apasionante.