La crisis económica y financiera que atraviesa nuestro país ha provocado que numerosas personas no puedan hacer frente a las deudas contraídas para la adquisición de su vivienda habitual, y se encuentren ante la situación de ver incrementadas sus deudas e incluso, la posibilidad de perder su vivienda.
Ante esta realidad, y la posibilidad real de un aumento de las personas en riesgo de exclusión social, se refuerza y perfecciona el marco de protección a los deudores que, a causa de tales circunstancias excepcionales, sufren una alteración de su situación social, económica o patrimonial.
Una serie de medidas han sido adoptadas para superar de manera conjunta esta realidad de circunstancias excepcionales que afecta a un importante sector de la población. Entre estas medidas cabe mencionar:
- La suspensión inmediata y por un plazo de dos años de los desahucios de las familias que se encuentren en una situación de especial riesgo de exclusión.
- Para las hipotecas constituidas sobre vivienda habitual se limitan los intereses de demora a tres veces el interés legal del dinero, y se prohíbe la capitalización de estos intereses.
- La elaboración de un Código de Buenas Prácticas al que se pueden adherir las entidades de crédito, y que supone la puesta en práctica de unas flexibles condiciones a nivel de amortización y tipos de interés de los préstamos o créditos hipotecarios concedidos, y se asume la posibilidad en último extremo, de la aceptación de la dación en pago como medio liberatorio de la deuda.
La normativa que ha sido objeto de la última modificación, realizada por la Ley 1/2013, figura remarcada mediante el sombreado de sus textos.