La impugnación administrativa de la actuación tributaria de las entidades locales españolas
está regulada de forma no homogénea y dispersa. La existencia de distintos regímenes según se trate
de municipios de gran población o no y la concurrencia de normas de distinto rango, con la necesidad
de acudir a leyes y reglamentos estatales, ordenanzas municipales y los reglamentos orgánicos de los
órganos encargados de resolver las reclamaciones económico-administrativas en los municipios de
gran población, hace que la claridad no sea característica de esta materia. Así, por ejemplo, un mismo
tipo de recurso administrativo, como es el caso del recurso de reposición, puede tener en unos casos
la naturaleza de presupuesto procesal y, por ello, condición de acceso a la jurisdicción, mientras que
en otros casos mantiene su carácter potestativo. En unas entidades locales no puede interponerse
la reclamación económico-administrativa contra actos tributarios pero en otros sí, constituyendo el
medio para agotar la vía administrativa y, con la particularidad, de que el conocimiento de estas
reclamaciones está atribuido a órganos administrativos distintos de los estatales regulados con
normas aprobadas por el propio ayuntamiento. Además, determinadas materias relacionadas con los
tributos locales, como es el caso de la gestión catastral del Impuesto de Bienes Inmuebles y la gestión
censal del Impuesto de Actividades Económicas, están encomendadas a órganos administrativos
estatales cuyos actos pueden recurrirse mediante reclamación económico-administrativa, pero a
conocer por los Tribunales Económico-Administrativos del Estado.
Todo lo anterior, entre otras cuestiones, da lugar a un estado de cosas que puede afectar al
derecho de todo ciudadano a que los órganos judiciales puedan conocer de las impugnaciones que se
susciten. La pretensión de este trabajo es, en la medida de lo posible, describir de forma precisa el
régimen de recursos en vía administrativa contra los actos tributarios de las entidades locales,
haciendo, además, un examen detallado de las vías de recurso: recurso de reposición, reclamación
económico administrativa, así como la declaración de oficio de la nulidad de pleno derecho, la
declaración de lesividad, la rectificación de errores, la revocación y el recurso de revisión, incluyendo
también una exposición pormenorizada de las ordenanzas fiscales tanto en su elaboración como en
su impugnación.