El objeto de este trabajo es el estudio de la problemática delimitación de competencias entre orden social y el contencioso-administrativo, cuando se trata de determinar a cuál de los dos corresponde conocer de los actos dictados por la Administración Laboral, pues, en principio, antes tendrían vis atractiva; el Orden Contencioso-administrativo en la medida en que se trata de actos dictados por una administración pública; el Social en la medida en que tales actos están referidos a la "rama social del Derecho". Desde esta perspectiva, y a la luz de las últimas reformas, el análisis propuesto se construye con un triple objetivo: 1º) situar las causas del conflicto: 2º) investigar las razones del fracaso de los "remedios clásicos" y, 3º) instrumentar posibles soluciones. Y ello desde la convicción de que se está en presencia de un problema complejo, endémico y enquistado, reiteradamente denunciado por la doctrina científica y por la jurisprudencia y que pone en jaque al derecho constitucional de tutela judicial efectiva, al de igualdad ante la Ley, al principio de seguridad jurídica y al de exclusividad en el ejercicio de la potestad jurisdiccional.