La articulación de toda estructura normativa en beneficio de la justicia tributaria que debe inspirar cualquier medida en la imposición de los tributos, debe estar presidida por los principios constitucionales del artículo 31.1 de la Constitución española de 1978, que constituyen el fundamento y la unidad del sistema tributario, donde debe destacar por su correspondencia con ellos y por su trascendencia como orientación de nuestro ordenamiento jurídico, el principio de no confiscatoriedad en materia tributaria. La relevancia jurídica de éste como exigencia de no confiscatoriedad que inspira la imposición, lo sitúa como unos de los instrumentos básicos para el desarrollo de unas armónicas relaciones jurídicas entre ciudadanos y la Hacienda Pública, al ser la no confiscatoriedad en materia tributaria, una conquista básica para la formulación de los modernos tributos, en un contexto donde las desigualdades se acentúan como consecuencia del fenómeno de la globalización que reduce las posibilidades de actuación de cada Estado.