La Institución de Presunción de Inocencia pasa por sus horas más bajas en España.
Mutatis mutandis, abogamos por un cambio de modelo en la instrucción penal en España, proponiendo a su vez la aplicación de la Ley de un modo más exhaustivo, ergo soslayando así las veleidades que en ocasiones se permiten las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la Fiscalía y el Juez Instructor.
Esta obra, que disfrutarán los profesionales del derecho, los operadores jurídicos y demás exegetas de la ley, analiza un caso práctico basado en presuntos delitos contra la Administración Pública.
Una macrocausa, la de Invercaria, que según el autor parece impostada y cuyas motivaciones políticas podrían contaminar todo el proceso.
Se aportarán importantes evidencias del injustificado inmovilismo judicial que se está produciendo en dicho proceso, contraviniéndose así la tutela judicial efectiva contemplada en el art.
24 CE y no aplicándose el principio de contradicción entre las partes, ambas, piezas claves de nuestro ordenamiento jurídico y, de paso, soporte vital de los derechos fundamentales que todo ciudadano debe tener en España.
Pondremos foco en la proliferación de macrocausas centradas en los delitos contra la Administración Pública, haciendo especial énfasis en la figura del extraneus y el papel que asume en muchos casos de convidado de piedra, asumiendo el rol de cooperador necesario de un delito que nunca existió.
Sobre todo en las denominadas macrocausas en la que últimamente se cae en la tentación de llevarse a cabo una instrucción de tinte inquisitorial.
Este caso, sirve de ejemplo de lo que puede estar ocurriendo en otros muchos a profesionales que se ven inmersos en dolorosos, costosos e injustos procesos judiciales, llevando al límite sus vidas y las de sus familias, sencillamente porque algún que otro fiscal, con ánimo acusatorio desmedido, entendió que debía aplicar el principio de culpabilidad de forma un tanto caprichosa, unido a la complacencia de un juez i