La desproporcionada criminalización de conductas que, desde la década de los noventa ha realizado el Código Penal mediante la incorporación de normas penales en blanco, se ha traducido en una multiplicación de las cuestiones prejudiciales en el proceso penal y a las que el sistema vigente no puede ofrecer una respuesta válida en tanto se constituyó para la solución de situaciones radicalmente distintas en las que la prejudicialidad constituía una excepción. Se impone, pues, una reforma radical del instituto de la prejudicialidad en el proceso penal que impida el uso espurio de éste, especialmente político, fomentado por la normativa vigente y que en la práctica, ante la deficiencia de conocimientos especializados de los jueces penales, está llevando a una fuerte presencia policial manifestada en los incorrectamente llamados Jlinformes policiales" que recaen sobre materias estrictamente jurídicas de exclusiva competencia judicial. Esta obra pretende generar un debate necesario sobre este estado de cosas; un replanteamiento de la prejudicialidad para que se adecue a una realidad que, caso de no contenerse, puede conducir a crisis seria del sistema constitucional.