De lo que se trata en la reforma del procedimiento legislativo es de estimular a los parlamentarios en el mejor cumplimiento de lo que es su principal función y responsabilidad asumida; de mostrar a la sociedad que la aprobación de las leyes se hace tras una ponderación adecuada, y no precipitadamente, y, finalmente, de ofrecer a los ciudadanos elementos objetivos para valorar las propuestas legislativas de cada fuerza política.
Todo lo que se avance por este camino será positivo: para la institución parlamentaria, al consolidarse en la aceptación ciudadana; para sus miembros, al aumentar su respetabilidad social y, por último, para la propia sociedad, al ampliarse su conocimiento y madurez. Ahora que tanto se invoca la Transición, no estará de más recordar que la elaboración de la Constitución y la de la Ley orgánica del Tribunal Constitucional siguieron un procedimiento mucho más riguroso y participativo que el que hoy se observa, con discusión separada de cada artículo y dedicación de varias sesiones de comisión y pleno. A ello también cabe apelar si es que de verdad queremos mejorar las cosas.