La responsabilidad penal de las personas jurídicas ya no es una idea abstracta, sino que
forma parte de la realidad de los operadores jurídicos y, sobre todo, de la de sus destinatarios,
es decir, empresas, fundaciones, partidos políticos y un largo etc. Los numerosos estudios
existentes se centran en la prevención de la responsabilidad penal de los entes colectivos o en
la imputación de estos, pero, hasta el momento, no se contaba con una publicación dedicada
en exclusiva a las penas de las personas jurídicas.
El lector tiene en sus manos una obra que se distingue por aunar en una monografía el
análisis de los aspectos más esenciales de las consecuencias jurídico-penales susceptibles de
imponer a las personas jurídicas: la naturaleza de estas medidas, el contenido y régimen de
ejecución de las penas interdictivas, la pena de multa, los criterios de determinación de la pena
previstos en el artículo 66 bis del Código Penal y, por último, los problemas interpretativos y
prácticos derivados del artículo 130.2 de esa misma norma, que prevé el traslado de la pena en
los supuestos de escisiones, transformaciones, fusiones, absorciones y disoluciones
fraudulentas de las personas jurídicas.