El progresivo envejecimiento de la población española y el aumento de las personas dependientes conlleva que hayan de destinarse más recursos públicos a sufragar las necesidades de estos colectivos. En un contexto de incertidumbre, insuficiencia de recursos públicos para atender el pago de las pensiones públicas y ayudas a la dependencia y dedicación de los recursos propios de las personas mayores al sostenimiento de la economía familiar, es comprensible la búsqueda por parte de estos colectivos de sistemas alternativos de financiación privada, como la hipoteca inversa. Esta institución se reguló por primera vez en 2007 con la finalidad de que estas personas pudieran obtener liquidez de la propiedad inmueble y complementar así los ingresos públicos que pudieran percibir. A pesar de que fue un producto hipotecario que tuvo cierto éxito en sus inicios, lo cierto es que actualmente no forma parte con carácter general de la oferta hipotecaria de las entidades de crédito. Por esta razón, la presente monografía analiza de qué manera podría optimizarse la regulación actual de la hipoteca inversa para hacerla atractiva para los ciudadanos y los operadores jurídico-económicos, y, en particular, los factores relevantes para su contratación, los riesgos que asumen tanto los prestamistas como los solicitantes y el potencial rol que puede jugar en el estado del bienestar de las personas mayores y dependientes en España. Para ello se analiza esta institución desde una perspectiva comparada, en particular su tratamiento en el Derecho comunitario y en los ordenamientos jurídicos anglosajones, como el inglés, el irlandés o el estadounidense, donde la hipoteca inversa ha tenido cierto éxito.