Muchos ciudadanos mantienen patrimonio oculto en el exterior de las fronteras de sus países de residencia con un objetivo claro de defraudación fiscal. Para atajar ese foco de defraudación, la tendencia actual en el ámbito internacional gira en torno a implementar mecanismos de interrelación fluida de información entre países, así como mecanismos coercitivos de información internos, basados en la ampliación del plazo de prescripción de deudas tributarias, el establecimiento de deberes informativos sistematizados y fuertes sanciones por su incumplimiento.

Dentro de esa tendencia, debe situarse la obligación de información específica para bienes y derechos en el extranjero que aparece en la Ley 7/2012, de intensificación en la lucha contra el fraude.

Sin embargo, a pesar de la teórica legitimidad de una medida de ese tipo, los agresivos mecanismos antifraude que introduce esta norma deben ser proporcionados respecto a los fines perseguidos y, además, deben tener la virtud de no afectar los derechos de contribuyentes que en ningún caso han tenido una voluntad fraudulenta.

Por ello le presentamos este manual, un estudio de las deficiencias técnicas de la obligación de información de bienes y derechos en el extranjero del año 2012, vista desde una perspectiva constitucional, comunitaria e internacional, en donde también se proponen una serie de medidas legislativas para su adecuación a un marco jurídico que sea respetuoso con los derechos del contribuyente