El artículo 47 de la Constitución scfiala la obligación que tienen los poderes públicos de garantizar el derecho a una vivienda digna y adecuada.

La Administración, en especial las Comunidades Autúnomas (pues ostentan la competencia exclusiva en materia de vivienda), deben promover las condicionesnecesarias para garantizar este derecho. Sin embargo, durante aüos, la política de vivienda pública ha sido práctican1ente inexistente.

Esta falta de actuación por parte de las instituciones, acmnpañada de la escasa inversión económica en este sector y de un marco jurídico deficiente han propiciado la situación actual. en la que la Adninistración Pública necesita urgentemente incrementar el parque público de vivienda para cubrir la demanda por parte de la población, cada vez más elevada.

Para conseguir un parque público de vivienda amplio, la Administración debe establecer una política de actuación global y disponer de todos los recursos y potestades que tiene a su alcance. Toda esta política debe girar en torno a una figura clave, impulsada desde las instituciones europeas y nacionales, como es la colaboración público-privada, que debe implantarse para proteger, fomentar y garantizar un interés colectivo: el derecho de acceso a una vivienda digna. adecuada y asequible.