Esta obra muestra cómo, a lo largo de todo el territorio nacional, el sistema punitivo opera como una pieza más de una maquinaria estatal que regula las desigualdades de género. De esta manera, la obra evidencia que el mandato de maternidad es multiforme y que se cristaliza no solo cuando se persigue penalmente la interrupción de un embarazo, sino también cuando se juzga a una mujer en conflicto con la ley.

El libro reflexiona sobre la violencia en el ámbito intrafamiliar, analiza los efectos que ha tenido la concepción de ese fenómeno como un asunto privado, desafía esa naturalización, y previene sobre la complejidad que supone la intersección de la discriminación de género con otras variables de exclusión. La obra deja a la vista que el derecho, además de gestionar el castigo, define las relaciones de familia y complementa el quehacer estatal en la implementación o ausencia de políticas públicas destinadas a erradicar la inequidad de género. En este sentido, la autora ilumina uno de los nudos más problemáticos de la agenda feminista actual, consistente en el vacío en materia de políticas destinadas al cuidado de las infancias.