De las intromisiones ilegítimas en los derechos al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, la difamación es posiblemente la que ha traído consigo un mayor índice de litigiosidad. Pero han pasado más de treinta años desde que se promulgara la raquítica Ley Orgánica 1/1982, y hoy día hay que tener muy presente lo que el legislador no pudo considerar. Debemos agradecer al Tribunal Supremo que haya ido conformando poco a poco unas pautas para entender los derechos de la personalidad a partir de las pocas normas que contiene esa ley, normas que además resultan excesivamente esquemáticas para servir de cauce inexorable de interpretación de conductas. Normas que, lejos de tomar nota de la experiencia comparada, fueron aprobadas con inusitada rapidez, tal vez para poder presentarla como logro de una bastante inestable legislatura.
Pero la actualidad es otra, y los ataques a estos derechos tienen dimensiones bien diferentes. Como dice la autora de la obra que tiene el lector en sus manos, la distribución global e inmediata de materiales en Internet supone que el responsable puede quede sujeto a una multiplicidad de sistemas jurídicos, y además sucede que no todos esos sistemas aprecian los derechos en juego de la misma manera. Y si trascendemos a los conflictos transfronterizos, resulta que la Unión Europea ha sido incapaz de unificar las reglas de conflicto en este sector, que por lo demás, queda excluido del ámbito de aplicación del Reglamento Roma II. Se hacía muy necesario, en fin, un tratamiento riguroso de las cuestiones de competencia judicial internacional y de Derecho aplicable, en el que se aprecien las necesidades y se muestren las posibles soluciones, con la oportuna toma de partido correspondiente.