La Ley 8/1988 catalizó los principios sancionadores e integró en un texto único las diferentes conductas reprochables contrarias al orden social, si bien los posteriores retos a los que los operadores jurídicos se enfrentaron obligó a compendiar las nuevas acciones u omisiones censurables en un nuevo texto normativo que imprimiera mayor seguridad jurídica, dando lugar al RD Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (en adelante, LISOS).

La trazabilidad de la LISOS se orienta, decididamente, desde que la Ley 36/2011, reguladora de la Jurisdicción Social, concreta el conocimiento a los órganos jurisdiccionales sociales de las resoluciones administrativas relativas a la imposición de cualesquiera sanciones por todo tipo de infracciones de orden social, con algunas excepciones (art. 3.1 apartado b).

Los referidos textos suponen hitos destacados, pero, en modo alguno, representan un período de estabilidad en los tipos sancionadores, pues se trata de un escenario en continua evolución, que ha afectado a materias tan dispares como la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, formación profesional para el empleo, registro y control de la jornada, obligaciones empresariales que acompañan a los procedimientos de despido/suspensión colectivos, prestación transnacional de servicios, limitación de la subcontratación en el sector de la construcción y a los aspectos derivados de la liquidación e ingreso de cuotas de Seguridad Social.

Finalmente, cabe destacar que la norma ha sido, también, concordada en base a la normativa COVID-19, lo que aporta una innegable actualidad.