La transposición de la Directiva 2019/1023 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, sobe marcos de reestructuración preventiva, exoneración de deudas e inhabilitaciones, inspirada en el Chapter 11 de la Bankruptcy Act de EEUU, ha provocado cambios de gran calado en el Derecho preconcursal y Derecho de la crisis español. No sólo se produce un desplazamiento del Derecho societario que evidencia problemas de coordinación entre ambas áreas jurídicas. Aún más, la sustitución de los instrumentos preconcursales hasta ahora vigentes por los nuevos planes de reestructuración se acompaña por una ampliación sin precedentes en el sistema español de su ámbito subjetivo de afectación, incluyendo a los socios como una parte afectada y, con ello, poniendo en riesgo sus derechos y su posición en la sociedad. La armonización europea se propone la defensa del conjunto de la economía y la eficiencia de los mercados a través de la conservación de sociedades viables. Sin embargo, las reformas propuestas pueden provocar la reestructuración de una sociedad de capital sin el consentimiento de sus socios e incluso la salida forzosa de estos de la sociedad. Con ello, se produce un cambio de paradigma en la tradicional consideración del socio como propietario de la sociedad para ser tratado como un acreedor residual.