El grupo de delitos económicos de mayor relevancia práctica, concretamente el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, se ha ido gestando a lo largo de los años sobre una base anómala. Si lo normal ante una conducta enormemente grave y disvaliosa para la sociedad es la creación de un tipo penal independiente y autónomo, estos tipos penales son el resultado final de una construcción preventivo- administrativa, que se ha impuesto a nivel mundial -característica asombrosa y excepcional- por la influencia de los Estados Unidos y de la Unión Europea a través del Grupo de Acción Financiera Internacional o Financial Action Task Force (GAFI/FATF), entidad que ha sido descrita como "una de las mayores concentraciones de poder real sobre el planeta".
En particular, las Recomendaciones del GAFI y las Directivas y Reglamentos de la Unión Europea se han trasladado a la legislación española (la Ley 10/2010, de 28 de abril, sus reformas y Reglamento, el SEPBLAC, etc.) generando un mecanismo preventivo de estos delitos completamente inusual y complejo. El catálogo de sujetos obligados, los concretos deberes que se imponen, la compleja identificación del titular real o la incidencia de la corrupción conforman un genuino compliance administrativo, que se corona con un draconiano mecanismo sancionador- administrativo, en ocasiones más intimidatorio que la propia pena.
El objeto de esta obra es justamente el análisis en profundidad de dicho mecanismo, sujeto a frecuentes cambios en la regulación internacional que deriva en reiteradas modificaciones de la normativa española. Todo ello genera cierta dosis de vértigo en la vida de las empresas, profesionales y sectores obligados por sus disposiciones, incrementando sensiblemente sus costes operativos.