El ciudadano ante la justicia cuenta con una serie de derechos que no siempre son respetados en todos sus términos, más aún cuando nos acercamos peligrosamente a una gran brecha digital en el ámbito de la Administración de Justicia. Mientras que la justicia digital es anunciada como valedora para facilitar el acceso a este servicio público, en ocasiones puede convertirse en una trampa para la tutela judicial efectiva. Actualmente asistimos a un cambio de paradigma en la Administración de Justicia de nuestro país. De manera casi silenciosa, hemos pasado del uso de la ofimática más básica, a la adquisición de aplicaciones con implicaciones de inteligencia artificial. Si bien, todavía los operadores jurídicos no son del todo conocedores, ni conscientes de estos avances.

Así mismo, podemos conocer el desarrollo de estas herramientas y sus posibles alcances, tanto positivos como negativos, sobre todo para la privacidad de los ciudadanos. El escenario que se plantea en el futuro mas inmediato nos habla, entre otros, de jueces robots, de gestores automatizados de casos, de robotización de tareas o de mediadores electrónicos que pueden llegar a sustituir a los operadores jurídicos humanos en algunas ocupaciones. Todo ello sin dejar de mirar al legaltech, donde la abogacía se sitúa a la vanguardia de todas estas innovaciones tecnológicas para ofrecer a sus clientes las defensas mas óptimas de sus intereses.