El abogado penalista defensor es el intelectual práctico del derecho, el combatiente por la libertad y los derechos humanos, principalmente, del perseguido por la justicia oficial. Es quien desde su privilegiado mirador observa a fiscales, policías, jueces, procuradores, entre otros agentes del Estado (la mayoría abogados) empeñados en privarle -desde la legalidad- al individuo infractor y, con frecuencia, también al inocente, sus derechos a la libertad, patrimonio y desarrollo de la personalidad. Operadores oficiales, interesados funcionalmente en abatir la presunción de inocencia del imputado, en procesarlo e involucrarlo, a veces con razón y contra toda razón, también, en la más desestabilizadora y cruel experiencia que significa ser investigado , procesado , acusado , culpable , condenado , reo , presidiario , con todas las implicancias sociales, económicas, familiares, sociales y de futuro que ello supone. Este libro parte de la tesis que fiscales, policías, procuradores oficiales y jueces, auxiliares y colaboradores (componentes de una maquinaría mayor), cumplen roles de reproducción de los procedimientos y rituales de justicia predeterminados, por lo mismo que dichos operadores, por naturaleza y posicionamiento político-social, son agentes conservadores resistentes al cambio, titulares del statu quo, contra quienes por lo general ha avanzado el pensamiento penal y, pese a ellos, se han modernizado, en gran modo, los procedimientos penales para paulatinamente ir afirmándose un derecho penal material y procesal de principios y garantías, y ello sin perjuicio de lo liberal o progresista que personal o políticamente sea o pretenda ser algún fiscal o juez. Sin embargo, reconoce que fiscalías y juzgados penales son instituciones necesarias en la lucha contra el delito; no obstante, la crisis de pérdida de objetividad y politización, en la que generalmente, desempeñan sus funciones las primeras y los cuestionamientos de rigor y de imparcialidad de gran parte de los funcionarios que conforman juzgados y salas penales, interesados en construir e imponer verdades a medida y compatibles con el sistema político y la ideología jurídica dominante. El libro, de otro lado, cuestiona, enfáticamente la tesis que considera y ve en el abogado defensor un obstáculo para la justicia; que, además, conceptúa que dicho letrado es un colaborador del juez o de la justicia en abstracto. Premisas, absolutamente erróneas, sobre todo en materia penal, que pueden llegar a construir pensamientos totalitarios de parte del operador del sistema de justicia, y que nos retrotraen a períodos ya superados de la denominada edad de piedra del derecho, que con estupor de tiempo en tiempo reviven en los actos de determinados fiscales y jueces. No participa, igualmente, de la idea que todo fiscal y juez sea garante de justicia, considerando los frecuentes errores del segundo, desmesuras y arbitrariedades del primero; sin que ello desconozca el estatus de administradores del ius puniendi estatal que ambos comparten. Es en este contexto en el cual libra sus luchas el abogado penalista defensor, heredero de milenarias gestas por la libertad y la razón contra los ancestrales abusos de quienes detentaron y detentan el poder de definición penal desde sus lecturas institucionales. Por cierto, se trata de una perspectiva que siente la fuerza del contexto en una sociedad de tránsito políticamente inestable, institucionalmente frágil, manipulable por los focos de poder que influyen y a veces determinan decisiones, por fuera de estándares de justicia de rigor y de la que participan la mayoría de países latinoamericanos y de otras latitudes, donde los operadores del sistema de justicia oficial suelen mostrar perfiles autoritarios, despóticos, desconectados de principios de humanidad y proporcionalidad. Situación explicada en parte por el desbordante poder que el ordenamiento les ha otorgado, pocas veces sometido a límites y control, que ha terminado creando un perfil de fiscales y jueces de condena, abiertamente contrapuesto al paradigma de fiscales y jueces de justicia, esto es, de magistrados que firmemente consideran que están ahí para condenar y excepcionalmente para archivar o absolver.