Galerías y ferias de arte, museos, coleccionistas,
fundaciones privadas, arqueólogos, inversores,
anticuarios, entidades religiosas, restauradores,
marchantes, Administraciones públicas y hasta
quienes por simple casualidad encuentran
restos de valor cultural están sometidos a una
plétora de normas que inciden en el tráfico de
bienes culturales.
La mera posesión, su importación o exportación,
las condiciones de su guarda y conservación,
el mercado de obras culturales y la aplicación
de normas de Derecho privado en el tráfico
entre particulares se ven condicionadas en
grado sumo por la intervención del ordenamiento
jurídico público, que incluye tanto
normas administrativas nacionales como internacionales
y europeas, alcanzándose las de
naturaleza penal. Este ordenamiento se refiere
incluso a la prevención del blanqueo de capitales
y a la restitución de obras que sufrieron la
rapiña nazi o el saqueo en guerras más cercanas
en el tiempo. Dicha intervención se acrecienta
máxime cuando España cuenta con un rico
patrimonio cultural y se fomenta un creciente
turismo especializado, al que sirven desde
nuevos museos a exposiciones temporales
destinadas al gran público.
Esta obra recoge, analiza y sistematiza el variado
y a veces complejo ordenamiento jurídico
que limita y el moldea el tráfico privado y público
de los bienes culturales, sirviendo de gran
utilidad para la seguridad jurídica de quienes
intervienen en este sector.