La interpretación en la Administración de Justicia es un tema que ha atraído el interés de numerosos autores fuera de nuestras fronteras, notablemente del mundo de habla inglesa, contando la bibliografía sobre este tema con obras emblemáticas tales como las de González et ál. (1991), Morris (1995), Mikkelson (2000) o Hale (2004). Sin embargo, en España, el interés por la interpretación en los servicios públicos en general y por la interpretación en entornos judiciales en concreto ha sido un fenómeno relativamente reciente, como resultado de la transformación de España en país de destino de crecientes contingentes de inmigrantes, amén de ser uno de los principales destinos turísticos del mundo. Dicho interés ha surgido más en el seno del mundo académico que en los despachos gubernamentales ya que las respuestas de la Administración ante las barreras comunicativas surgidas entre las personas que no hablan el castellano y los profesionales de los servicios públicos han sido inadecuadas o parciales en el mejor de los casos. El ámbito judicial es el único que ha conocido cierta regularización de la figura del intérprete, al igual que ha ocurrido en otros países que ya han recorrido el arduo camino de la profesionalización de la interpretación en los servicios públicos. En España el derecho a intérprete por parte de una persona detenida que no entiende el idioma mayoritario está sobradamente garantizado por una amplia gama de instrumentos jurídicos, tanto nacionales como internacionales. Sin embargo, dichos instrumentos adolecen de una importante omisión: las especificaciones sobre el perfil de la persona que realiza la función de intérprete. En la actualidad, no existe ninguna normativa ni exigencia sobre la formación y acreditación de intérpretes, por lo que la interpretación en sede judicial es ejercida, básicamente, por cualquier persona que aduce saber los idiomas en liza. Es verdad que muchas de estas personas son excelentes profesionales, pero no es menos cierto que, en muchos casos, han llegado a serlo a base de un aprendizaje práctico en situaciones reales. Es igualmente cierto que existen muchísimos más intérpretes que prestan sus servicios en ámbitos judiciales y que no han adquirido ese aprendizaje todavía, ni han recibido la formación necesaria para desempeñar esta tarea de tanta importancia. Tampoco las condiciones laborales en vigor les incentivan a hacerlo.