A finales del pasado siglo, con la caída del muro de Berlín, se instauró en Europa un optimismo general en virtud del cual se daba por supuesto que la implantación de la Democracia y el Estado de Derecho sería irreversible. Este optimismo ha resultado infundado. Los procesos de regresión sufridos en algunos países europeos en los últimos diez años han puesto de manifiesto que la vigencia del Estado de Derecho no puede darse por supuesta. Ha resurgido, así, una nueva lucha por el Estado de Derecho en la que sus defensores han encontrado un aliado poderoso en la integración europea. La pertenencia de los Estados a la Unión Europea y al Consejo de Europa está actuando como un límite relevante (si bien no totalmente eficaz) frente a estas regresiones. Uno de los campos de batalla principales en este contexto ha sido, y continúa siendo, la garantía de la independencia judicial, verdadera condición existencial tanto del Estado de Derecho como de la integración europea.
En esta monografía se examina el modo en que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea han procedido, en particular desde 2010, a construir un concepto europeo de independencia judicial que acaso sea capaz de imponerse a las derivas iliberales en Europa.