Nada garantiza mejor una adecuada gestión de estos impuestos que la actuación de los registradores al frente de las oficinas liquidadoras, actuando con la imparcialidad propia de su función y bajo los estrictos criterios técnicos e instrucciones dictadas por la administración tributaria a la que sirven y en la cual se integran, sin ningún condicionamiento o interés previo ni de parte

Los experimentos de protagonismo político desarrollados en algunas Comunidades Autónomas, carentes de unas líneas dogmáticas y de buena técnica normativa, rompiendo con unos esquemas jurídicos consolidados, alejándose de un sistema que se ha demostrado durante décadas como el modelo de gestión y liquidación tributaria más eficiente, no sólo ha provocado un desorden en dicha gestión ante el contribuyente, sino también una pérdida de recaudación, con un incremento adicional de costes de gestión administrativa y liquidación tributaria. En unos tiempos como los que estamos viviendo, de una crisis económica de evolución más que incierta por la situación global tan particular que travesamos, se impone una necesaria vuelta a la cordura de los legisladores autonómicos, recuperando el sistema tradicional de las OLDH, ajustándose así, al mismo tiempo, de una forma más fiel, a los mandatos constitucionales