En los últimos años ha habido una atención creciente de la doctrina por la actuación de los grupos de interés, a la vez que se hacía un llamamiento constante a la regulación de su actividad de influencia en la toma de decisiones por los poderes públicos.
Algunas Comunidades Autónomas ya han dado el paso aprobando leyes específicas para reglamentar y hacer más transparente las actividades de influencia, a priori legítimas en un sistema democrático, exigiendo registros de los grupos de interés, códigos de conducta u otras herramientas como la publicación de las agendas de los cargos públicos o del informe de huella de los grupos de interés.
En contraposición, en el ámbito de la Administración General del Estado y su sector público la norma está aún por llegar, aunque hay iniciativas recientes con perspectivas de prosperar.
En este contexto, el libro trata de contribuir a una necesaria reflexión sobre la esperada regulación estatal, y la que pueda darse de futuro en otras Comunidades Autónomas.
Para ello se analiza lo que sean los grupos de interés desde diversas ópticas, así como algunos modelos que pueden servir de referencia como la Ley 25/2018, de 10 de diciembre, reguladora de la actividad de los grupos de interés de la Comunitat Valenciana y el Decreto 172/2021, de 15 de octubre, del Consell que la desarrolla.
En los últimos años ha habido una atención creciente de la doctrina por la actuación de los grupos de interés, a la vez que se hacía un llamamiento constante a la regulación de su actividad de influencia en la toma de decisiones por los poderes públicos.
Algunas Comunidades Autónomas ya han dado el paso aprobando leyes específicas para reglamentar y hacer más transparente las actividades de influencia, a priori legítimas en un sistema democrático, exigiendo registros de los grupos de interés, códigos de conducta u otras herramientas como la publicación de las agendas de los cargos públicos o del informe de huella de los grupos de interés.
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