La diversidad de creencias, religiosas y seculares, propia de las sociedades plurales, como cada vez más viene siendo la española, plantea una serie de exigencias a los poderes públicos que, sea por inadvertencia o contrariedad con el orden público, no siempre están prestos a atender.

El presente estudio atiende la regulación legal establecida en la materia, la aplicación de la misma efectuada por la Administración y, ante la conflictividad litigiosa surgida en distintos aspectos, la interpretación realizada por doctrina y jurisprudencia. Se analiza, así, el alcance y significado del derecho de libertad de creencias, con cuantos derechos y facultades se hallan ínsitos en el mismo y se actúan en cuanto aplicación práctica del propio derecho fundamental (libertad de expresión, derecho de información, libertades educativas, derecho de reunión, manifestación, asociación, matrimonio religioso con reconocimiento estatal, etc.), su protección jurídica, incluida la tutela penal, y el instituto de la objeción de conciencia ante la imposibilidad de actuar conforme a la propia creencia. Paralelamente, se analiza el estatuto jurídico que el Estado español ha pactado con la representación institucional de las Confesiones, así como los instrumentos jurídicos predispuestos, prima facie, para favorecer el ejercicio de la libertad de creencias religiosas, tales como el Registro de entidades religiosas, la asistencia religiosa y la cooperación económica del Estado para con las Confesiones.