En defensa del estado del bienestar: 'origen y evolución del cuerpo de letrados de la administración de la seguridad social'

Mercader Uguina, Jesús R.

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En defensa del estado del bienestar: 'origen y evolución del cuerpo de letrados de la administración de la seguridad social'

El objeto de esta obra no es simplemente la crónica de un cuerpo de funcionarios: es, ante todo, la historia de una parte significativa de la Administración española en uno de sus ámbitos más complejos y socialmente trascendentes: la Seguridad Social. Con esta convicción, el autor acomete la historia institucional de su Cuerpo de Letrados. Historia, en definitiva, de los procedimientos, las técnicas, la organización y las funciones desempeñadas a lo largo del tiempo por quienes integran ese Cuerpo y que han constituido y constituyen los verdaderos arquitectos de nuestro sistema de protección social.

La obra arranca en los orígenes mismos de la previsión social en España --en las últimas décadas del siglo XIX y los primeros años del XX, cuando la creación del Instituto Nacional de Previsión en 1908 sentó las bases sobre las que se construirían los distintos regímenes de protección social--, y avanza a lo largo de sus distintas etapas (fundacional; cuerpos sectoriales autónomos; unificación transitoria y definitiva consolidación como Cuerpo Superior), analizando en ese camino la construcción de nuestro sistema de Seguridad Social y de sus instituciones gestoras.

Los Letrados de la Seguridad Social han desempeñado un papel de valor estructural que trasciende con mucho la mera función de representación procesal, operando en tres planos complementarios e inseparables: la elaboración normativa, la construcción de la doctrina jurisprudencial en todos los órdenes jurisdiccionales y el asesoramiento jurídico institucional. Su historia es por ello, y de modo muy principal, la historia del sistema de protección social español y de la construcción del Estado del Bienestar en nuestro país. Son, en definitiva, los custodios jurídicos de un sistema que la Constitución ha querido preservar como garantía institucional, cuya labor --silenciosa pero estructuralmente decisiva-- representa una de las aportaciones más genuinas al proyecto constitucional del Estado social y democrático de Derecho