Las implicaciones sociales y económicas del reto demográfico no son baladíes en la sociedad actual. El envejecimiento de la población, junto a una baja tasa de natalidad y el fenómeno de la despoblación suponen un importante reto ya que el cambio de la pirámide poblacional junto con la concentración de población en las grandes urbes da lugar tanto a la saturación de determinados bienes y servicios públicos en puntos geográficos concretos, mientras que en otros hay deficiencia de éstos. El sistema tributario, por tanto, juega un papel crucial para un correcto desarrollo del estado de bienestar, ya que, a través de los ingresos y gastos públicos, y más concretamente mediante los tributos, y, especialmente el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se pueden establecer incentivos fiscales con el objetivo de revertir la tendencia actual de la pirámide poblacional, así como favorecer la vinculación de los contribuyentes a territorios concretos.

El IRPF al ser el principal impuesto directo del ordenamiento tributario español se convierte en una herramienta clave en cualquier ámbito de la economía. Si bien, atendiendo al reto demográfico, su importancia se incrementa, ya que se trata de un impuesto de carácter personal y subjetivo que tiene en cuenta las circunstancias personales y familiares de los contribuyentes. Por ello, el mismo puede ser utilizado para establecer mecanismos fiscales adecuados que traten de paliar las repercusiones negativas que el reto demográfico presenta para la sociedad.