El marco jurídico diseñado para proteger el medio ambiente y la salud humana conjuga los contenidos jurídicos y técnicos, dando lugar a un complejo conjunto de normas que requiere articular fórmulas que faciliten la observancia de los requerimientos de esta normativa y permitan asegurar la consecución de los objetivos para los cuales ha sido aprobada, como complemento a las técnicas tradicionales sobre las que ha pivotado la intervención desarrollada por las administraciones públicas de las Comunidades Autónomas y por las entidades locales.

Esta obra analiza la normativa sobre las emisiones industriales, normativa IPPC, como parte del ordenamiento jurídico en materia de medio ambiente, y postula la introducción de instrumentos voluntarios de tutela ambiental, entendidos estos como aquellos en los que se establece una relación entre la Administración pública ambiental, autonómica y local, y el administrado, a través de la cual se comparte el cuidado del bien jurídico medio ambiente y la consecución de los objetivos previstos en la norma. Así, la definición y la puesta en aplicación de dichos instrumentos deberá permitir una mejor adecuación a los requerimientos legales por parte de los administrados, además de facilitar el ejercicio de las competencias atribuidas a los organismos públicos responsables de asegurar su cumplimiento, esto es, órganos ambientales de las Comunidades Autónomas y ayuntamientos.