Las Comunidades Energéticas son expresión de un avance democrático y ciudadano propiciado por la espectacular progresión tecnológica de los últimos años; asimismo son uno de los instrumentos más idóneos para la implantación del Nuevo Modelo Energético descentralizado y de proximidad que, junto con la descarbonización, es objetivo asociado a la Transición Energética desde sus primeras formulaciones en 2011.

Más de una década después, es manifiesta la asimetría en la consecución de ambos objetivos: mientras la descarbonización avanza a un ritmo sostenible, el Nuevo Modelo energético y con él las Comunidades Energéticas espera aun un impulso decidido para su despliegue. Existe un riesgo claro de que la Transición Energética devenga en un proceso de mera descarbonización desempeñado por los actores tradicionales conforme al modelo energético centralizado que conocemos: sus sucesivas formulaciones la han asociado a un proceso de reindustrialización anclado en las nuevas fuentes y actividades energéticas, y más recientemente, a la recuperación de la competitividad de Europa en el contexto internacional.

El despegue decidido del Nuevo Modelo Energético viene aun aguardando una regulación adecuada que permita el funcionamiento de los nuevos actores en el mercado, incluso fuera de él, y que ordene las relaciones entre todos los participantes. Más allá del reconocimiento y definición de los nuevos actores y autoconsumidores, agregadores, almacenadores, gestores de la demanda, etc. queda pendiente una regulación adicional que concrete y articule aspectos esenciales en el funcionamiento del sistema, como los nuevos intercambios de energía y servicios en el modelo descentralizado entre todos los participantes y el régimen jurídico de la digitalización asociada a los mismos; pendiente también está la reconsideración del sistema de redes desde su planificación, su titularidad, su financiación y el acceso a las mismas, las distintas funciones de la energía en los sistemas urbanos y rurales, la discriminación regulatoria en la generación a gran escala y de proximidad, así como las nuevas relaciones contractuales, públicas y privadas, que han de soportar las transacciones y el uso compartido de la electricidad, entre otros aspectos.

Esta publicación ha pretendido avanzar en la identificación de los retos regulatorios pendientes, proponiéndose en algún caso posibles respuestas, y considerando algunas soluciones ya avanzadas en Derecho comparado, con las que se finaliza.