La superstición política de lo pasado era el derecho divino de los reyes: la de hoy es el derecho divino de los Parlamentos. El óleo santo parece haber pasado inadvertidamente de la cabeza de uno a las de muchos, consagrándolos a ellos y a sus decretos. Por absurda que debamos reputar la primera de dichas creencias, hay que admitir que era más lógica que la última. Si nos elevamos al tiempo en que el rey era considerado como un dios, o a aquellos en que se le creía hijo de un dios, o a los que se pensaba que era un delegado de Dios, se comprende que su voluntad fuera pasivamente obedecida. Cuando, por ejemplo, bajo Luis XIV, teólogos como Bossuet enseñaban que los reyes «eran dioses y participaban en cierto modo de la independencia divina», o cuando se creía, como bajo nuestros mismos conservadores en los antiguos tiempos, que el rey era «el delegado del cielo», es claro que de tales premisas inevitablemente debía desprenderse la conclusión de que el poder del Estado no tiene límite alguno. Mas la creencia moderna carece de estos fundamentos. No pretendiendo tener origen ni misión divina, el cuerpo legislativo no puede buscar en lo sobrenatural la justificación de sus aspiraciones a la autoridad ilimitada; por otra parte, tampoco ha intentado nunca dar una base natural a dichas aspiraciones. Por lo tanto, la creencia en lo ilimitado de la autoridad parlamentaria no tiene el lógico carácter de la antigua creencia en la autoridad ilimitada de los reyes.