El tratamiento que la Ley 16/2022, de reforma del texto refundido de la Ley concursal, da al crédito público en las reestructuraciones ha suscitado importantes críticas por su disconformidad con la Directiva (UE) 2019/1023, que transpone. La ley excluye de facto al pasivo público de estas y deja su renegociación a los procedimientos singulares de aplazamiento y fraccionamiento aplicables a dichos créditos.

Esta circunstancia, unida a la cada vez más extensa definición que se hace del crédito público, conduce a que queden fuera de las reestructuraciones créditos que, sin embargo, deberían poder ser afectados para posibilitar la continuidad de las empresas que valen más reorganizadas que liquidadas. Con ello, se aumentan los costes de la reestructuración y se redistribuye valor en perjuicio de los acreedores privados, lo cual pone en peligro la consecución de los objetivos de la directiva.

Este libro ofrece al lector una reflexión sobre el concepto de crédito público que limita su alcance a aquellos créditos de titularidad pública cuyo origen se encuentra realmente en el ejercicio de potestades administrativas - y no en facultades comunes de derecho privado-. Asimismo, pone a disposición de los operadores jurídicos las herramientas necesarias para desplazar las normas contrarias a la directiva y poder sujetar al crédito público a las reestructuraciones cuando sea de interés para el buen fin de estas, como sucede en otros ordenamientos de nuestro entorno.