El modelo parlamentario de gobierno se caracteriza por la pluralidad de controles mutuos y recíprocos de los poderes del Estado. Una de las funciones típicas del parlamento moderno es la de control al Gobierno, que se lleva a cabo por medio de diversos instrumentos como los que persiguen una fiscalización continua de su actividad, mediante preguntas y petición de información o desde las comisiones de investigación, o la exigencia de responsabilidad para lo que puede hacerse uso de la moción de censura.

Pero el parlamento también es externamente controlado, primero por el gobierno que, mediante el ejercicio, de forma mayoritaria, de la iniciativa legislativa, predetermina, de alguna manera, el contenido de las futuras leyes al presentar proyectos de ley bien pertrechados al contar con informes técnicos y jurídicos de relevancia indiscutible. Pero el parlamento también es controlado, en su función legislativa, por el Tribunal Constitucional -que también va a fiscalizar los llamados interna corporis acta- y por la jurisdicción contencioso-administrativa en relación con los actos administrativos de sus órganos.

De todo ello se da cuenta en esta obra que pone de manifiesto, en definitiva, el sometimiento de todos los poderes públicos también del parlamento a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.