La obra realiza un análisis, para su clarificación, de las diversas cuestiones que suscita la
medida típica y última de restablecimiento de la legalidad y la reposición a su estado originario
de la realidad: la demolición de construcciones y edificaciones por razón de su ilegalidad
urbanística, especialmente desde la perspectiva de los terceros de buena fe afectados.
Ese análisis incluye las reformas legales llevadas a cabo por el legislador estatal y autonómico
principalmente, el cántabro y el gallego entre los años 2011-2015, teóricamente orientadas
a mejorar la protección jurídica de los terceros afectados por una demolición. Pero se centra,
con propósito de compleción, en el estudio de la doctrina jurisprudencial que ha ido decantando,
hasta hoy, el Tribunal Supremo, para despejar los diversos interrogantes que, por su
técnicamente deficiente redacción, suscita el mecanismo introducido, en el contexto del
proceso de ejecución de Sentencias, por el apartado 3 del artículo 108 de la Ley reguladora de
la jurisdicción contencioso-administrativa, en el cuádruple orden de la naturaleza jurídica del
novedoso mecanismo y su ámbito sustantivo, subjetivo y temporal de aplicación. Precepto éste
que sigue planteando la duda de si ha supuesto realmente una mejora en la protección del
tercer adquirente de buena fe.