Esta obra tiene por objeto abordar el tratamiento que los objetivos de política socio laboral reciben por parte de las Administraciones y entidades del sector público a la hora de adquirir los bienes y servicios que demanda nuestra sociedad, a través del instrumento de la contratación pública.
Este instrumento se ha visto sometido en los últimos meses a una sucesión de cambios normativos, que han venido a convulsionar el marco normativo básico con que nos habíamos dotado poco tiempo atrás. Se trata ésta de la opción de política jurídica que se ha seguido en nuestro país como respuesta a las situaciones extraordinarias que ha sido necesario afrontar, como consecuencia de la irrupción de la pandemia provocada por la Covid-19, dando lugar al surgimiento en muchos sectores de nuestro ordenamiento jurídico de lo que se ha venido a denominar un Derecho de la Emergencia, dotado de las características propias del Derecho excepcional.
A través de estas páginas trata de ponerse de manifiesto el potencial que la contratación pública presenta en nuestros días para contribuir a superar la crisis social y económica que, precisamente, esta pandemia ha provocado, lo cual, pasa por profundizar en su dimensión cualitativa, integrando los objetivos sociales y de empleo como señas de identidad en la compra pública. Sin embargo, este potencial puede verse impedido por la gestión que, de esta contratación pública, y más en concreto, de los fondos públicos invertidos en la misma, pueda hacerse por parte de nuestros poderes públicos, utilizando para ello los propios mecanismos de que disponen para obviar la aplicación del régimen general básico vigente en esta materia.