En los estados sociales de nuestro tiempo se espera de la administración pública un elevado número de prestaciones. Esta nueva administración goza de una & x0201C;máxima de diseño& x0201D; que le permite determinar con libertad la configuración de las prestaciones sociales de carácter personal pues es la encargada del diseño social (Sozialgestaltung). Y es en este escenario donde la administración entabla una relación jurídico prestacional con los ciudadanos y actúa sobre las esferas más íntimas del hombre que tienen que ver con sus derechos fundamentales, como la intimidad, libertad ideológica o religiosa, etc., generándose una especie de & x0201C;zona de peligro& x0201D; (Gefahrenzone) para su plena vigencia. Ante esta nueva realidad, los tradicionales principios de control de la administración resultan necesarios pero insuficientes y se ve necesario buscar nuevas vías que permitan un equilibrio constitucionalmente adecuado entre la capacidad de decisión de quien realiza la prestación y los derechos de su destinatario. Estas pueden encontrarse, tal y como viene señalando la doctrina alemana, en los conceptos de organización y procedimiento, que vienen a ofrecer el camino adecuado para la ex ante de los derechos fundamentales al atender al pluralismo de nuestras sociedades y garantizar la participación del afectado en el diseño de la prestación.