En este último lustro, son tres las notas que caracterizan la incidencia del Derecho de la Unión en nuestro sistema de Justicia civil:

La primera tiene su origen en Luxemburgo. Al cabo, en este tiempo, el TJUE se ha consolidado como una instancia capaz de modular la aplicación e interpretación del Derecho procesal civil -incluidos sus principios y nociones nucleares-, en aras a garantizar la finalidad perseguida por el Derecho de la Unión y el derecho a una tutela judicial efectiva en las situaciones regidas por este último.

La segunda se expresa en términos de eficiencia. De hecho, antes de que las repercusiones de la COVID-19 se dejaran sentir en el ámbito de la Justicia civil, las estrategias de la Unión ya se encaminaban a reducir la litigiosidad y duración de los procesos civiles sin pretendida merma de las garantías y derechos reconocidos a los justiciables. Superada la pandemia, los propósitos

europeos han seguido este mismo norte; los resultados, sin embargo, no siempre han sido los esperados.

La tercera de las notas tiene que ver con los desarrollos tecnológicos habidos en estos años y, más en concreto, con su aplicación (o inaplicación) en el contexto de la contratación civil y en el contexto jurisdiccional.