El derecho alimentario persigue que los alimentos sean seguros mediante el cumplimiento en los procesos de producción y transformación de la normativa técnico-sanitaria que evite intoxicaciones o infecciones. Basta con que un alimento sea inofensivo a corto plazo, aunque no sea realmente inocuo, para que pueda llegar a ser conforme con la legislación alimentaria, muy técnica y, normalmente, de rango inferior a la ley.

Desde los años 70 del siglo pasado, la prevalencia de la obesidad a nivel mundial se ha prácticamente triplicado, según estimaciones de la OMS, precisamente en las sociedades donde el derecho alimentario ha ido reforzándose en contenido y siendo aplicado con más ahínco. Por primera vez en la historia y a pesar del indudable desarrollo de la ciencia médica, se estima muy probable que la esperanza y calidad de vida de las próximas generaciones pueda experimentar un retroceso por causa del incremento exponencial de la prevalencia de enfermedades no transmisibles (ENT) asociadas al estilo de vida, del que la alimentación es un componente central.

Aquí es donde brota con fuerza el derecho de la nutrición, disperso en varias normas, pero ya identificable por su objeto autónomo, diferenciado claramente del ámbito natural en el que se ha venido incardinando sin que hasta la fecha se haya señalado su carácter diferenciado.