Esta obra pretende servir como guía para adentrarse en el intrincado y cada vez más profuso derecho para la protección del medio ambiente. Aunque se trata de un ámbito normativo de reciente aparición, que surge en la segunda mitad del siglo XX, su desarrollo ha sido espectacular y hoy es, sin duda, el sector del ordenamiento que más incide en todos los demás ámbitos jurídicos. En esta obra se explican, de manera resumida y ordenada, las principales técnicas jurídicas existentes para prevenir y reducir los daños ambientales, como son, entre otras: la evaluación de impacto ambiental y las autorizaciones administrativas; las ayudas públicas y los impuestos ecológicos; las medidas dirigidas a garantizar el acceso a la información, la participación y el acceso a la Justicia de los ciudadanos y las ONG; las técnicas empresariales de la normalización y la certificación industrial aplicadas para la protección ambiental; la contratación pública ecológica; el régimen de responsabilidad medioambiental; la planificación ecológica de los espacios naturales protegidos o la represión penal y administrativa de los ilícitos ambientales. Se abordan, también, instrumentos jurídicos más novedosos, entre los que cabe citar: la nueva regulación de la protección de los informantes de delitos e infracciones graves, aplicable a los ilícitos ambientales; la regulación de las finanzas sostenibles por la Unión Europea, con especial atención al Reglamento de Taxonomía, o la creación en España, siguiendo el modelo de otros países, de una Asamblea ciudadana por el clima. Los instrumentos jurídicos para luchar contra el cambio climático merecen una atención especial por la extraordinaria importancia del marco regulatorio implantado por la Unión Europea para alcanzar la meta de la neutralidad climática en 2050 y su objetivo intermedio para 2030 -conocido como Objetivo 55 -, con medidas que inciden en todas las actividades y sectores, pero, en particular, en la energía, con una acelerada implantación de energías renovables que se ha visto impulsada, aún más, por la urgencia de poner fin a la dependencia energética del gas ruso. Al enorme elenco de medidas regulatorias de la Unión se ha añadido, este año, el denominado Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (MAFC), diseñado como un complemento del Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la Unión Europea.