Años atrás, actuando como Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el magistrado Sergio García Ramírez clamaba, en uno de sus memorables votos razonados, por una reforma de los procesos, sustentada en los requerimientos de las Constituciones nacionales así como en los instrumentos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que permitiera montar un sistema de defensa verdadera y eficiente, que batalle por los derechos del inculpado, con la misma constancia y consistencia con que recomienda Ihering la lucha por el derecho El ensayo que tengo el honor de prologar parece responder a la demanda del ilustre jurista mexicano, al desgranar los múltiples aspectos a considerar para arribar a una conclusión asertiva respecto de la eficacia de la defensa, en el marco de cualquier procedimiento y no apenas en el que el autor ha sabido transitar en su actividad forense. Los interrogantes que Marcelo Rodríguez Jordán lanza en el inicio, en procura de un ensamble satisfactorio del sustantivo con el adjetivo componentes del título de su obra, llegan al lector con su marca personal de publicista punzante y no exento de ironía; y habrán de exigirle sucesivas tomas de posición respecto de los diversos tópicos abordados. Su justa inquietud le conduce tempranamente a la denuncia de una situación estructural que él sitúa correctamente en la Provincia de Buenos Aires, en la que ejerció su ministerio como Defensor Oficial, pero que subsiste en muy diversas jurisdicciones de la Argentina y en otros países de la región.