Como dice Javier de Lucas, prologuista de esta obra, el debate sobre los derechos de los animales es, ante todo, una cuestión política, esto es, relativa al sentido de los fines y medios que definen lo que podríamos llamar, en términos clásicos, el modelo de sociedad justa o decente. Sin embargo, no merece ninguno de esos calificativos un sistema social y económico antropocéntrico al que el sufrimiento de los animales le es indiferente porque los concibe como un instrumento al servicio de las necesidades o los deseos de los animales humanos.

Los autores del presente trabajo coinciden en reconocer a los animales el derecho moral a no sufrir padecimientos injustificados o, si se prefiere, el interés por no sufrir. Es más, o cambiamos nuestro modo de relacionarnos con la biodiversidad o nuestra propia vida correrá serio peligro. Precisamente, en tiempos de COVID 19 parece más urgente que nunca recordar que el comercio de especies silvestres y la deforestación son dos de los fenómenos con más impacto en la degradación de los hábitats y el incremento del riesgo de enfermedades zoonóticas. Por todo ello, como reconoce en la presentación del libro el Director General de derechos de los animales, resulta inaplazable abordar de manera decidida la tutela jurídica -civil, administrativa y, en última instancia, también penal- de los animales.

Pero debe hacerse desde la racionalidad jurídica. Ello implica, especialmente cuando se trata de la tutela penal, respetar los límites que la Constitución impone al derecho del Estado a castigar, evitando caer en un modelo hipertrofiado de sanción penal con quiebra de la legalidad, la ofensividad y la intervención mínima. Más urgente que una nueva reforma penal es, de un lado, proceder a la descosificación jurídica de los animales y, de otro, cambiar las actuales condiciones de vida y de muerte de los que están sometidos a un inaceptable sistema de explotación intensiva, lo que exige tanto la mejora de la legislación, cuanto intensificar los mecanismos de control de su cumplimiento.