Esta obra analiza la respuesta de los poderes públicos ante la DANA desde una perspectiva estrictamente jurídica, partiendo de los fundamentos del Estado de Derecho y de la función del ordenamiento jurídico como sistema unitario orientado a la protección de la ciudadanía. A partir de esta premisa, la autora examina las obligaciones constitucionales y legales que correspondían a las distintas Administraciones públicas y recurre al Derecho de necesidad como marco esencial para determinar qué actuaciones debían haberse adoptado ante una situación de riesgo grave para la vida y la integridad de las personas.

Con una exposición concebida para facilitar la comprensión incluso a lectores no especializados, el libro analiza el amplio entramado normativo aplicable a las situaciones de emergencia y pone de manifiesto la concurrencia de múltiples deberes de información, prevención y actuación. Bajo el principio Emergentia legem nullam novit, la obra sostiene que, frente a una amenaza letal, la prioridad del ordenamiento es garantizar una respuesta eficaz destinada a proteger a las personas, y estudia desde esta perspectiva los incumplimientos que, a juicio de la autora, se produjeron durante la gestión de la DANA.