El libro analiza la creciente utilización de algoritmos en la Administración Pública, evaluando riesgos, límites legales y mecanismos de control para garantizar legalidad, transparencia y protección de derechos fundamentales. Examina cómo las decisiones automatizadas impactan en contratación, licencias, inspección, beneficios sociales y sanciones, considerando la necesidad de supervisión humana y auditorías independientes para prevenir arbitrariedad. Aborda compatibilidad de algoritmos con principios de legalidad, proporcionalidad, igualdad y no discriminación, explorando medidas de rendición de cuentas y trazabilidad de decisiones digitales. Se estudian herramientas de revisión interna, acceso a información, recursos administrativos y judiciales, asegurando mecanismos efectivos frente a errores, sesgos o discriminación algorítmica. El libro considera legislación nacional, normativa europea y estándares internacionales, mostrando convergencias y divergencias en control jurídico de inteligencia artificial pública. Analiza responsabilidades del órgano, diseñadores y proveedores tecnológicos, proponiendo criterios de diligencia, evaluación de impacto y gobernanza algorítmica que minimicen riesgos para ciudadanía y seguridad jurídica.

El libro aborda mecanismos de supervisión externa, incluyendo tribunales, agencias regulatorias y auditorías independientes, evaluando eficacia frente a decisiones automatizadas y riesgos de opacidad institucional. Se estudian ejemplos prácticos de algoritmos aplicados a protección social, fiscalización, urbanismo y seguridad pública, evaluando impacto sobre derechos de acceso, participación y recurso efectivo. Considera la necesidad de estándares de calidad de datos, mitigación de sesgos y revisión periódica de modelos, junto con protocolos de actualización y validación continua. Analiza la interacción entre inteligencia artificial, big data y derecho administrativo, proponiendo marcos interpretativos para garantizar justicia, equidad y proporcionalidad en decisiones automatizadas. Incluye recomendaciones de reforma normativa y buenas prácticas institucionales, orientadas a proteger derechos ciudadanos sin obstaculizar innovación tecnológica.