En nuestro país, el desempleo juvenil es un problema estructural que se ha visto agravado por la crisis económica. Para combatirlo, la Ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo, adoptó toda una serie de medidas tendentes a incentivar la contratación a tiempo parcial con vinculación formativa de jóvenes desempleados menores de treinta años que careciesen de experiencia profesional previa. El presente estudio aborda el régimen jurídico del contrato a tiempo parcial con vinculación formativa desde una perspectiva crítica, analizando su naturaleza jurídica, su fundamento, los sujetos intervinientes, el objeto del contrato, y los incentivos a la Seguridad Social de los que puede beneficiarse el empresario. Y todo ello para concluir que estamos ante medidas dirigidas a estimular la contratación laboral de jóvenes, pero que sin embargo no otorgan papel alguno a la formación que ha de recibir el trabajador, ni mejoran la calidad en el empleo de este segmento de la población activa, constituyendo un importante factor de precariedad e inestabilidad laboral.