Analiza la problemática del régimen de conservación (o retención) de datos de tráfico y de localización en el ámbito de las comunicaciones electrónicas o telecomunicaciones y su regulación en la Unión Europea (en especial, la norma clave en toda esta cuestión: la Directiva 2006/24/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006), y que expone la compatibilidad y cabida de este régimen en el Derecho de la Unión y sus principios fundamentales, siguiendo los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Analiza cuestiones problemáticas, controvertidas y novedosas que tienen que ver con la conservación de datos en el sector de las comunicaciones electrónicas o telecomunicaciones.
Aborda el marco jurídico de esta cuestión, desde el contexto jurídico y normativo como desde el contexto jurisprudencial, atendiendo a los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (case law).
Expone distintos retos y problemas desde distintas perspectivas: el Derecho de la Unión Europea, el Derecho Administrativo y Regulatorio, la protección de datos y la privacidad, el proceso penal, etc.

Andoni Polo Roca es abogado.

Destinado a Esta obra va dirigida dedicado al cumplimiento normativo o compliance en este ámbito, a los operadores jurídicos en general y a todas aquellas personas y empresas que afectadas por la regulación de las comunicaciones electrónicas o telecomunicaciones.

Extracto:

La conservación o retención de datos de tráfico y de localización (data retention, en su versión inglesa) en el ámbito de las comunicaciones electrónicas o telecomunicaciones ha supuesto uno de los mayores retos jurídicos en el seno de la Unión Europea (UE). La Directiva 2006/24/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, estableció la obligación de los operadores de telecomunicaciones de conservación generalizada e indiferenciada de todos los datos de tráfico y de localización, datos relativos a las comunicaciones electrónicas (telefonía fija, móvil o internet), de todos los ciudadanos de la UE. No obstante, la norma fue íntegramente anulada e invalidada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en el año 2014, en el caso Digital Rights Ireland y Seitlinger y otros. Posteriormente, el TJUE se pronunció también sobre las normas nacionales relativas a esta cuestión en el caso Tele2 Sverige y Watson y otros del año 2016, declarándolas contrarias al Derecho de la UE. Ambos pronunciamientos, en especial el de 2014, dejaron un vacío regulatorio en relación a esta cuestión (y su regulación) que perdura hasta la actualidad. Teniendo ello en cuenta, los Estados miembros comenzaron a adoptar medidas de este tipo para proteger su seguridad, cada uno por su lado. En ese contexto, ante el vacío regulatorio latente y la inactividad del legislador europeo, el TJUE se vio en la posición de tener que establecer las bases y criterios comunes y armonizados en relación a esta cuestión. El escenario actual, por tanto, está compuesto por tres elementos: un vacío regulatorio, unos Estados miembros regulando y un TJUE en la posición de establecer los criterios y bases fundamentales en lo que respecta a esta cuestión.